UN POLEMICO TUNEL EN TREMAÑES

Un túnel que elude las indemnizaciones

Una sidrería que reclamaba 30.000 euros por la caída de ventas durante la obra de comunicación entre Tremañes y La Calzada queda sin derecho a ser resarcida

Inauguración del paso subterráneo entre La Calzada y Tremañes, en marzo de 2010. juan plaza

R. G. / A. R.
Reclamaban casi 30.000 euros en concepto de caída de ventas durante los meses que duró la larga obra de construcción de un túnel, y se han quedado sin derecho a ser resarcidos. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, el órgano superior de consulta de la región, dictaminó hace un mes que los propietarios de una sidrería de la avenida de las Industrias, en La Calzada, deben asumir, sin compensación alguna por parte del Ayuntamiento, las pérdidas económicas que generó en el negocio la compleja obra de construcción del túnel de comunicación entre los barrios de La Calzada y Tremañes.

Esa obra, que arrancó en junio de 2008 y se inauguró en marzo de 2010, con sucesivos retrasos pese a las previsiones que se hicieron públicas inicialmente, generó importantes perjuicios económicos en un negocio muy próximo a las obras, que quedó «prácticamente incomunicado del resto del barrio» durante más de seis meses, por la valla perimetral que se instaló en la calle y que dejó un paso muy angosto para los peatones, lo que condicionó notablemente la entrada de clientela a la sidrería.

Por ese motivo, los reponsables del negocio presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial con el Ayuntamiento de Gijón como administración inculpada. Con las certificaciones de ingresos de los meses en los que la obra les afectó más duramente, de septiembre de 2009 a marzo de 2010, y las mismas certificaciones de los mismos meses del año anterior, el 2008, los propietarios del negocio de hostelería tasaron la merma económica en algo más de 29.700 euros.

También aportaron testigos, uno de los cuales confirmó ante los miembros del Consejo Consultivo que el acceso de peatones por la zona de la sidrería había estado «mucho tiempo casi intransitable», y que aunque el paso de la acera no se cortó (sí se interrumpió en la zona el paso de vehículos), «no cabía ni el carricoche de su hija».

Pese a todas las pruebas aportadas por los propietarios del negocio, desde el Consejo Consultivo se valoró que para considerar una responsabilidad patrimonial lo primero que debe ocurrir es que se determine que la lesión en los intereses del particular «es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». Algo que el órgano consultivo asturiano entiende que no ocurrió ya que lo que hubo fue «un daño colateral a la ejecución de una obra pública, y a las vicisitudes que encierra su complejidad».

En la decisión del Consejo pesó la confirmación municipal de que las demoras y prórrogas en el plazo de ejecución de la obra, sobre lo inicialmente previsto, entraron dentro de lo que contempla la ley. Todo lo cual llevó a determinar que «las restricciones al tránsito que perjudicaron a la actividad de la sidrería encajan en la complejidad e incomodidad de acceso no resarcible, y vienen cabalmente impuestas por la propia envergadura de la obra acometida y su ejecución en plenas condiciones de seguridad para operarios y viandantes». Los propietarios del negocio dan la batalla por perdida y no recurrirán a los tribunales para no seguir perdiendo dinero con una obra que, al menos, ya acabó.